Riverón desafía a Faride y lidera operativos de detención en Dajabón
Dajabón. En medio de un creciente debate sobre el control migratorio, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, ha decidido tomar medidas por cuenta propia, encabezando operativos para detener a haitianos indocumentados en su municipio. Esta acción se produce en respuesta a las declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien enfatizó que la gestión migratoria es competencia exclusiva de la Dirección General de Migración (DGM).
Un desafío abierto
Riverón, firme en su postura, ha declarado que continuará con los operativos hasta que se le demuestre legalmente que no tiene potestad para ello. «Mientras no me presenten un documento que diga que no puedo hacerlo, seguiré cumpliendo con mi deber de proteger el orden en Dajabón», expresó el alcalde en un encuentro con medios locales.
El funcionario municipal ha contado con el respaldo de la Policía Municipal y de la comunidad, quienes ven en su iniciativa un esfuerzo por recuperar el control sobre la presencia de migrantes indocumentados en la zona fronteriza. Según Riverón, estos operativos buscan garantizar la seguridad y estabilidad del municipio.
Postura del gobierno central
Por su parte, la ministra Faride Raful reiteró que el control migratorio es competencia exclusiva de la DGM, desautorizando las acciones del alcalde. «Cualquier operativo fuera del marco institucional de la Dirección General de Migración no está respaldado por el gobierno», afirmó Raful en una rueda de prensa.
El pronunciamiento de la ministra ha generado un intenso debate sobre los límites de la autoridad municipal en temas migratorios y la necesidad de una mayor coordinación entre el gobierno central y las autoridades locales.
Reacciones y posibles repercusiones
La polémica entre Riverón y Raful ha dividido opiniones en la sociedad dominicana. Mientras algunos respaldan la iniciativa del alcalde, otros consideran que debe respetarse el marco institucional de migración para evitar posibles violaciones de derechos.
Este caso podría marcar un precedente sobre el papel de los gobiernos municipales en la gestión migratoria y la relación entre las autoridades locales y el gobierno central en la frontera dominico-haitiana.
