Senado aprueba modificaciones a la Ley de Tráfico Ilícito de Migrantes con propuestas de Omar Fernández
Santo Domingo – El Senado de la República Dominicana aprobó este martes, en segunda lectura, el proyecto de ley que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, incorporando modificaciones propuestas por el senador Omar Fernández.
Endurecimiento de sanciones y medidas clave
La nueva versión de la ley establece penas de 20 a 25 años de prisión para los responsables del tráfico ilícito de migrantes, además de multas que oscilan entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público. Uno de los cambios más significativos es la imprescriptibilidad del delito, lo que significa que los culpables podrán ser juzgados sin importar el tiempo transcurrido.
Asimismo, se aprobó la inhabilitación de funcionarios públicos involucrados en estos delitos. Según la modificación, cualquier servidor público hallado culpable será inhabilitado por 10 años para ejercer funciones gubernamentales, y en caso de reincidencia, la sanción se extenderá a 20 años.
El papel de Omar Fernández en la reforma
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, impulsó varias modificaciones clave dentro del proyecto. Fernández argumentó que «quien se prevalece de una posición pública para atentar contra la soberanía no puede ser premiado con el servicio público». Su propuesta de endurecer las sanciones a funcionarios fue acogida parcialmente por el Senado, lo que refuerza el compromiso del Estado en la lucha contra el tráfico de migrantes.
Impacto y próximos pasos
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión final antes de convertirse en ley. Diversas organizaciones, incluyendo el Instituto Duartiano y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), han respaldado la iniciativa, destacando que estas medidas son fundamentales para combatir la corrupción y proteger la soberanía nacional.
El gobierno del presidente Luis Abinader ha mostrado interés en fortalecer el marco legal contra la migración ilegal, especialmente en el contexto de la crisis haitiana. La aprobación de esta ley se suma a una serie de medidas recientes destinadas a reforzar la seguridad fronteriza y endurecer las sanciones contra quienes faciliten el tráfico de migrantes.
